Artículo escrito por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández
Luego de la crisis de finales de la década pasada, que sumió al mundo en las tinieblas económicas y financieras, se ha escrito mucho sobre la desigualdad social y el hecho de que haya una ciudadanía privilegiada y otra que sufra los embates de un sistema excluyente.
En las raíces de esa desigualdad podemos encontrar muchos temas subyacentes, que nos llevan a cuestionar el estado social y democrático que propugnan las constituciones políticas actuales. Encontramos allí grandes carencias económicas, serios cuestionamientos a la democracia y a sus instituciones, especialmente a los partidos políticos, un sentido de desesperanza hacia el futuro, una falta alarmante de cohesión social y de pertenencia a la sociedad y, más que nada, un desdén colectivo hacia las acciones que, a corto, mediano o largo plazo, intentan revertir la situación existente.
El libro El capital en el siglo XXI de Thomas Pikkety, como muchos saben, generó un inusitado interés sobre la distribución de la riqueza y los ingresos entre los ciudadanos, sustentando de manera objetiva, las cimientes de la desigualdad social que hoy experimentamos. Existen cuestionamientos a los planteamientos de Pikkety, que si bien tienen sustento o no; que hayan sido aclarados por el autor o no; lo importante ha sido el debate que ha generado sobre como la economía debe servir al bienestar colectivo y qué papel debe jugar el Estado en la redistribución de las riquezas.
La discusión sobre el papel del Estado en el combate a la desigualdad sociales esencial, para construir el mundo que estamos legando a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Las medidas para combatir la desigualdad no han sido suficientes, y una de las razones por las que este fenómeno se mantiene, es porque no lo comprendemos en su totalidad. La evolución en la medición de la pobreza es un ejemplo claro de ello.
Es preciso impulsar la adopción de medidas multidimensionales de la pobreza, tal y como ya lo ha hecho la República Dominicana con el IPM/RD que estamos implementando desde el SIUBEN, con el propósito de atacar la pobreza no sólo desde la carencia de ingresos, sino desde las desigualdades que la economía ha generado, que es lo mismo que decir, desde la desigualdad social.
La desigualdad es parte de un círculo vicioso. Como ha dicho Joseph Stiglitz, es la “causa y consecuencia del fracaso del sistema político…contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad.” Las tres raíces que alimentan la desigualdad (lo social, lo político y lo económico) son, a la vez, causa y consecuencia de un fenómeno complejo, difícil de abordar.
Para América Latina y El Caribe, región que tiene muchas deudas sociales acumuladas con sus ciudadanos, el tema no solo es prioritario, también es urgente. Los países de la región en su próxima reunión de la Conferencia de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Reunión de Ministros de Desarrollo Social que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), continuarán la discusión sobre el fortalecimiento de los programas de protección social y el tránsito hacia nuevos modelos, tales como la Renta Básica Universal.
Desde la protección social es que podremos abordar la extrema desigualdad que existe en la región, porque es en esos programas donde existen metodologías que reduzcan a su mínima expresión las estructuras que sustentan la pobreza. Los servicios más importantes tales como salud, educación, atención a primera infancia, alimentación, se fortalecen en los programas de protección social, tal y como lo evidencian numerosas investigaciones.
Sin dudas, superar la desigualdad social requiere de un compromiso colectivo, que se inicia desde el Estado, pero que debe permear a todos los estamentos de la sociedad. Hay que iniciar por el fortalecimiento de los programas sociales, porque son el principal impulso al desarrollo de quienes están en la pobreza y el instrumento más eficaz de reducción de desigualdad.
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