SANTO DOMINGO.-Ante la ocurrencia de un creciente número de casos de delitos sexuales, sobre todo incestos y otros abusos contra menores de edad, y la frecuencia con que los responsables de esos hechos quedan impunes o reciben penas muy benignas, se ha suscitado un debate en torno al castigo que deben recibir los culpables.

Aunque varios especialistas de distintas áreas difieren en torno a la naturaleza de nuevas sanciones, prácticamente todos coinciden en que se debe endurecer las penas y recurrir a nuevas formas de castigar a los que incurren en esos delitos y así frenar esa lesiva práctica.

Entre los castigos que se contemplan contra los violadores y culpables de otros delitos sexuales, figura la castración química, sanción sugerida por un diputado por medio de un proyecto de ley, apoyado por abogados y profesionales de otras ramas, pero con el cual están en desacuerdo otros legisladores y  un relacionado con la Iglesia Católica.

La castración química, que es un método que reduce la libido y por consiguiente la actividad sexual mediante la administración de medicamentos, fue presentada recientemente como una solución al problema por el diputado Jean Luis Rodríguez en un proyecto de ley sometido al Congreso.

No obstante, no es la primera vez que esa medida se presenta como una forma de disuasión y castigo para los delitos sexuales. El fenecido abogado Domingo Porfirio Rojas Nina, pidió al Congreso Nacional, en el año 2013 que se modificara el Código Penal, para incluir la castración química.

El proyecto presentado por Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM),  incorpora el tratamiento hormonal (castración química) para los sentenciados en agravio y reincidentes por los delitos de violación sexual a los menores de edad y de persona en estado de inconsciencia, en incapacidad o en la imposibilidad de resistencia.

Dentro del mismo proyecto, Rodríguez propone “la creación de un registro nacional monitoreado de violadores”.

Para presentar su iniciativa legislativa, el diputado perremeísta se basa en estadísticas, según las cuales en los años 2015 y 2016 se presentaron cuatro mil  285 niños abusados sexualmente, con dos  mil 542 personas presas por delitos sexuales contra menores.

Además, en el lapso comprendido entre los años  2008 y  2016, las mujeres dominicanas presentaron 578,418 denuncias de delitos sexuales y violencia intrafamiliar y de género, lo que representa un promedio de 64,268 casos por año.

Sostuvo que solo por delitos sexuales, vistos como las agresiones sexuales, violaciones, acosos, seducción e incesto, se denunciaron 53,653 casos en todo el país, a promedio de 5,961 cada doce meses; que las estadísticas oficiales incluyendo el 2018, representan un promedio de “6 niños abusados por día”; incrementándose esta cifra cada año.

Apoyo y desacuerdo

Entre los entrevistados por El Nuevo Diario que están de acuerdo con la castración química figura el abogado y comunicador Santiago Castillo, quien afirmó que es necesario y urgente aplicarles la castración química a los violadores sexuales en el país, como lo han establecido otras naciones,

“Nuestro país es uno de los países de la región donde se reporta mayor número de incestos. Personas así no merecen la vida, pero ya que no tenemos pena de muerte, lo menos es castrarlos”, manifestó.

Esa solución también es secundada por legisladores consultados por este diario, entre ellos el diputado  José Antonio Fabián, quien apoya que se implemente en el país una ley que permita que se le aplique la castración química a los violadores sexuales.

“Aquí deberían castrar muchos de esos pedófilos”, resaltó.

No obstante, hay quienes se oponen a una solución de esa naturaleza.  El diputado Orlando Espinosa califica como “una locura” la implementación de la castración química en el país.

“Esa ley no tiene forma de progresar en un país cuando hay unos derechos con categoría constitucional, con rangos constitucionales, que prohíben ese tipo de vejámenes; eso es imposible en este país, simplemente una locura”, aseguró el congresista.

También se opone el sacerdote Rogelio Cruz, quien calificó como “inhumano” que se aplique la castración química o cualquier otro tipo de castración a quienes practican la violación sexual.

“No estamos de acuerdo con ningún tipo de castración, ésa es una práctica inhumana, porque hay que respetar al ser humano en su totalidad. No es verdad que agarrando y castrando a una persona sea químicamente o biológicamente, esto pueda disminuir la problemática de las violaciones sexuales, porque la solución no está ahí”, afirmó.

Sacerdote Rogelio Cruz

Cruz manifestó que puede que en otros países funcione la castración química, pero que en la República Dominicana no se puede aplicar, ya que  en el país no se hace un proceso de acompañamiento a las personas que son reincidentes en este tipo de práctica.

Recomendó “ver cada caso en particular”. “Entonces analizar al final lo que haya que hacer en cada caso en particular y se hace un estudio y luego se aplican las medidas correspondientes”, añadió.

Especialistas apoyan castración pero la condicionan

La educadora sexual, Elaine Féliz, expresó que para aplicar este tipo de práctica, el país tendría que tener un protocolo para identificar a nivel médico y judicial y cuáles casos aplican para la castración química.

Educadora sexual Elaine Féliz

“Porque en los países que se aplica, a nivel judicial saben que esas personas son violadores recurrentes, que es una persona que ha recibido una consecuencia, quizás ha recibido una terapia y no ha funcionado, pues entonces nos vamos al plan B. Entonces, si vamos a hablar de castración química, eso no puede ser a la ligera, sino que eso amerita  que exista una educación en el aspecto médico, de un personal que sepa cómo se aplica, que sepa que no todos los pacientes son aplicables, por diversas situaciones físicas”, afirmó la educadora sexual.

Dijo que antes de hablar de este tipo de práctica, en el país se debe trabajar con el problema e identificar la fuente del problema de las violaciones sexuales.

“Tenemos una sociedad donde no hay educación sexual, donde tenemos una situación familiar de violencia, donde no tenemos apoyo psicológico a las víctimas, y ése es el problema más urgente que tiene el país”, destacó.

Afirmó que “lo primero que tenemos que analizar es qué hace el país con un violador recurrente, ya que el país no creo que tenga un planteamiento legal para poder supervisar el comportamiento de ese violador luego de salir, si cumple la pena que tiene que cumplir”,

Favoreció la castración química porque entiende que hay que adoptar todas las medidas necesarias para disminuir el trastorno de la hipersexualidad, “que es un deseo sexual incontrolable y sobre todo en una persona que lo canaliza mal”.

“Estamos de acuerdo con la castración química, porque la misma no mata a las personas, sino que es una sustitución, es una inyección hormonal para que las hormonas y la libido bajen y las personas puedan tener una vida normal”, aseguró.

Féliz expresó que en el país existen muchos casos de violación que las víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza o por temor a que los adultos no les crean.

Criticó que el país no tenga una política pública que ayude a los niños, niñas y adolescentes, o a las víctimas de abuso, a tener un apoyo psicológico para animarlos a hacer la denuncia.

“Muchas personas se preguntan, ¿pero por qué la persona que es abusada no denuncia el abuso?; es que no es tan fácil denunciar, el aspecto emocional de la víctima, lo que la víctima vive, la manipulación del violador y el famoso secreto, que es lo que el violador usa para que la víctima no diga lo que está pasando y sobre todo la manipulación para que la víctima se sienta culpable de todo lo que está viviendo, son factores que hay que analizar”, puntualizó.

Manifestó que el país no tiene los recursos para canalizar las violaciones que suceden a diario en las familias, porque los niños no tienen la fortaleza emocional para acudir a la Fiscalía.

La psicología clínica y terapista sexual y de parejas, Hayddé Domínguez, expresó que de crear en el país una ley que permita la castración química a violadores sexuales, debe hacerse de manera responsable.