Un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió un fallo el miércoles que podría llevar a la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien está en prisión por cargos de corrupción.

Lula fue encarcelado en abril luego de ser sentenciado a más de 12 años de prisión. El exmandatario, que enfrenta otros seis juicios por supuesta corrupción, ha dicho en múltiples ocasiones que es inocente.

El juez Marco Aurelio Mello emitió el miércoles la decisión, que suspende la aplicación de una ley que permite que los condenados por corrupción estén encarcelados después de que su sentencia es confirmada tras una primera apelación, como sucedió con Lula.

La decisión de Mello será analizada por el panel completo del Supremo Tribunal Federal, que está dividido en cuanto a si se debe permitir que los condenados permanezcan libres hasta que sus casos se resuelvan por completo.

Aún no está claro si Lula podría ser puesto en libertad antes de que el pleno del tribunal tome una decisión, lo que no sucederá hasta principios del próximo año, ya que la corte entrará en receso el miércoles.

Si la medida es ratificada, Lula podría estar en libertad hasta que se agoten todas las apelaciones, un proceso que podría llevar varios años.

Gleisi Hoffmann, quien lidera el izquierdista Partido de los Trabajadores fundado por Lula, dijo a través de Twitter que la agrupación política ya presentó solicitudes legales ante el máximo tribunal del país para pedir la liberación de Lula.

La oficina del fiscal general de Brasil dijo estar estudiando la decisión de Mello y sopesando sus opciones.

Lula fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, un periodo marcado por los altos precios de las materias primas y por políticas sociales que ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza.

El exmandatario lideró las primeras encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre pasado, alcanzando incluso a inscribir su candidatura, pero finalmente no pudo estar en la papeleta por una ley que prohíbe que políticos busquen cargos públicos si han sido condenados por un delito y la sentencia ha sido confirmada en una apelación.