José Gómez Cerda

El maltrato de los adultos mayores está aumentando a medida que la población envejece y cambia la dinámica social.

Cuando el sistema de seguridad social hace denegaciones en materia de salud, riesgos laborales y pensiones a los adultos mayores, se abusa y maltrata a esa parte importante de la población.

Todos debemos concientizarnos para mejorar y hacer que los adultos mayores tengamos mejor calidad y vida, valorándonos como personas humanas, y no como mercancías.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre un 4% y un 6% de las personas adultas mayores han sufrido alguna forma de maltrato: físico, psicológico, emocional, financiero o debido a negligencias.

El maltrato a los adultos mayores es una violación de los derechos humanos. Las personas mayores también representan un recurso para sus familias, comunidades y economías. La inversión en salud a lo largo de la vida produce dividendos a cualquier sociedad.

Consideramos que es necesario crear una política de protección a los adultos mayores, y crear organismos que defiendan a los pensionados, jubilados y adultos mayores, con participación representativa de los interesados, sin fines políticos partidistas, para que sean atendidas las demandas de forma integral, tanto en salud, educación, vivienda, aspectos laborales y sobre todo la educación permanente, aprovechando las capacidades y experiencias de los adultos mayores.

Actualmente los programas sociales están dispersos y se necesita un ente coordinador que vele por los intereses de las personas mayores, partiendo de las necesidades, aspiraciones y problemas que tienen los pensionados, jubilados y adultos mayores, y la ausencia de leyes de protección social para éste sector, que representa alrededor del 10% de la población nacional y latinoamericana.

Existen leyes de protección a los adultos mayores que no se cumplen, y existen diversos organismos estatales que no cumplen con los intereses de los pensionados, jubilados y adultos mayores, ni representan nuestros intereses.

Las experiencias, capacidades y conocimientos de los adultos mayores no se están aprovechando, porque en muchos casos se discriminan, tanto para los empleos como para los servicios que deben recibir los adultos mayores.

Los adultos mayores reclamamos una mayor participación en un Estado de bienestar social, que se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente.

No pedimos limosnas ni servicios, regalos o donaciones por un día; reclamos derechos, porque somos personas humanas que durante toda la vida productiva hemos pagado impuestos a los gobiernos, tanto de nuestros salarios, como en las compras que hemos realizado, y en transacciones económicas, y consideramos que los gobiernos deben darnos un mejor trato como personas humanas.

En Bolivia, el Centro de Orientación Socio Legal para Adultos Mayores (COSLAM), reciben cada día diez denuncias de maltratos.

En Chile la ley Nº 20.427 promulgada en marzo de 2010, incorporó el maltrato al adulto mayor en la legislación nacional, modificando la ley de Violencia Intrafamiliar (VIF), la ley de Tribunales de Familia y el Código Penal, permitió que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) pudiese iniciar este año el programa contra la Violencia y el Abuso al Adulto Mayor.

En México, los adultos mayores en la Ciudad son, en muchos casos, sometidos a condiciones de violencia física y sexual, así como a situaciones de maltrato y abusos que incluyen la falsificación de su firma en documentos oficiales.

Estos maltratos a los Adulos Mayores deben ser corregidos, para que no existan discriminaciones contra las personas humanas, porque nos sentimos con esa dignidad.