Por Juan Carlos Mejía Aquino

Lo peor que pudiera pasarle al colectivo Marcha Verde es que sus ideólogos, dirigentes, promotores y gestores se conviertan en una especia de policías o carceleros del propio movimiento, evitando que éste se recree en su diversidad y evolucione hacia una estructura fuerte con orientación política y vocación de poder, sin que esto signifique dejar de lado los principios que le dieron origen.

Respeto totalmente esa posición ya enarbolada por importantes miembros del colectivo que desearían permanezca igual, y asumo en cualquier caso la decisión de la mayoría, pero en nombre de la diversidad de pensamiento, así como el respeto y la democracia reinante en el movimiento del cual me siento parte desde el primer día, difiero en lo absoluto de este enfoque y me adscribo a los que piensan en la otra dirección.

Marcha Verde, un movimiento multicolor que nació teniendo como enemigo común los actos de corrupción e impunidad entre la multinacional Odebrecht y funcionarios del gobierno dominicano, se ha convertido en portadora de las más significativas esperanzas de los dominicanos y dominicanas que buscan solución a los problemas estructurales sistémicos que han afectado par décadas el desarrollo del país.

Es la población la que ha colocado al movimiento, en todo el transcurrir de sus manifestaciones, en el corazón de los más notables retos del país, hasta el punto de que las demandas generales por un cambio de modelo, y en gran medida de casos particulares, se han convertido en bandera de lucha de cada activista que viste un atuendo verde.

Es el propio pueblo que ha derribado sobre los hombros de Marcha Verde el compromiso de una movilización continua en busca de que se haga justicia, no solo en el caso de los corruptos, sino también para cada familia que ha perdido a uno o varios de sus miembros a manos de delincuentes que debieron estar presos. Luchar para evitar que más niños se conviertan en adultos recibiendo una educación deficiente y el país siga encabezando la lista de los peores.

Son los dominicanos y dominicanas que les han pedido a Marcha Verde avanzar en su reclamo para evitar la mafia del CEA con las ventas de terrenos, o para lograr una reforma del sector salud y la mejor distribución en de las riquezas. Una reforma policial y penitenciaria que evite los abusos contra ciudadanos y ayude a la reintegración de las personas en conflicto con la ley.

También trabajar de manera ardua para que el brazo de la ley alcance a los más encumbrados políticos y de esta manera poder ver algún día la sentencia de 30 años de prisión, como se impone a personas de escasos recursos, para delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito.

Esta es la verdadera razón por la cual defiendo y defenderé la transición de Marcha Verde hacia una nueva dimensión enmarcada en el campo político. Un partido Marcha Verde alejado de todo enfoque tradicional y sociológico de hacer política que conocemos los dominicanos.

Defiendo esta posición porque estoy convencido de que si en otros países muchos de estos males son inexistentes o están reducidos a su mínima expresión, ha sido estrictamente por decisiones políticas tomadas por políticos con legitimidad democrática que han logrado ocupar las instituciones a través del respaldo de movimientos que, como la Marcha Verde, tienen ideas claras sobre lo que debe ser un verdadero país.

Pero también, estoy completamente seguro de que las voces de sectores políticos que hoy piden a la Marcha Verde permanecer en el digno estatus de movilizaciones y reclamos en las calles, sin que trascienda hacia este nuevo reto en un terreno con profundas crisis en todos los sentidos, ven amenazadas sus montañas injustificables de bienes adquiridos en el Estado, a costa de todos los dominicanos.