SANTO DOMINGO. Como si se trataran de frágiles cortinas de vidrio, el esquema de contratación de obras a cambio de dádivas o favores, encubre una compleja maraña de corrupción político-empresarial que ha primado en distintos gobiernos y amenaza con quebrar la reputación de los principales líderes políticos del país.

Las implicaciones que el caso de los sobornos de Odebrecht ha tenido en la figura del presidente de la República Danilo Medina, hace aflorar las conjeturas por un posible financiamiento de la campaña electoral, a través de su asesor en publicidad, Joao Santana, procesado en Brasil por el conocido caso Lava Jato.

Con estructura similar, otro escándalo de corrupción en España, salpica la figura del expresidente Hipólito Mejía, a poco tiempo de que el líder opositor hiciera pública sus intenciones de “lanzarse al ruedo” en el certamen electoral de 2020.

El diario español elmundo.es publicó recientemente una historia relativa al sonado caso de corrupción sobre blanqueo de capitales conocido como Pujol, en el que se dan a conocer las gestiones que Mejía realizó en favor de la ejecución de una obra en el país que, desde el comienzo, fue criticada por una supuesta sobrevaloración.

Tanto Mejía como Medina, junto al expresidente Leonel Fernández, conforman el trío de presidentes dominicanos en cuya gestiones se firmaron contratos con la brasileña Odebrecht -entre 2001 y 2014-, periodo en el que habría pagado sobornos por US$92 millones para conseguir dichas obras, según admitió la empresa ante la Justicia.

La historia que publica elmundo.es se refiere a las investigaciones que se siguen al empresario Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol. En ella relata las informaciones contenidas en un pendrive (memoria USB) que la policía de ese país habría encontrado en los documentos de Pujol Jr, según las cuales, el empresario habría influido para que el presidente español José María Aznar, favoreciera un contrato del que era socio en República Dominicana.

“El pendrive alberga, entre otros, un documento titulado «Notas Proyecto República Dominicana», en referencia a la construcción del Mercado Central de Abastos de la ciudad de Santo Domingo”.

“El proyecto fue promovido en 2001 por un consorcio integrado por la sociedad Ibadesa, propiedad del empresario José Herrero, asociado en este grupo empresarial con Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del ex conseller de CiU Felip Puig. En el proyecto también participaba la empresa pública española Mercasa, dependiente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la privada Incatema”.

El medio recrea las dificultades para obtener financiamiento por los US$49 millones que costaba el proyecto, y como posible solución, propusieron que el presidente dominicano, Hipólito Mejía, enviara una carta a su homólogo español, dándole prioridad absoluta a esa obra.

Las informaciones refieren que «el presidente de la República Dominicana ha enviado una carta al presidente Aznar para priorizar el proyecto, pidiendo elevar el techo-operación para el mismo», y luego indica: “El Gobierno español debería contestar la carta recibida del presidente de la República Dominicana lo más rápido posible”, reproduce elmundo.es.

Para el 2001, en el país se discutía una de las propuestas para la construcción del Merca Santo Domingo entregada sin licitación por la administración de Mejía al Consorcio Mercasa-Incatema Consulting, S.R.L. El contrato marco fue firmado a 10 de diciembre del 2000 a través de la Secretaría de Estado de Agricultura, según se lee aún en la página web de Mercasa.es . Para la fecha, varios fueron los que cuestionaron la prisa en que se ejecutaba el contrato tipo “Llave en Mano”. Uno de los más críticos fue el ahora fallecido dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Camilo Lluberes, que alegaba que el contrato, estaba sobrevalorado en un 153%. El monto global del proyecto fue de US$190 millones, financiado por el Deutsche Bank, pero en sus inicios, los almacenes de frigoríficos, la primera parte de la obra, tenían un costo superior a los US$40 millones.

Con Incatema Consulting se contrató también en 2012 una estación depuradora de aguas residuales del río Ozama, por un monto de 55 millones de euros, con dos enmiendas del 2013, a través de Alejandro Montás como director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).