Por Johnny Arrendel

Una de las principales justificaciones que esgrimen figuras de alto relieve en los distintos gobiernos que se suceden en el país para crear impuestos e incrementar los existentes, es la necesidad de garantizar un “Estado fuerte”.

La fortaleza del Estado se sustenta, según esa premisa, en la capacidad para aglutinar recursos, y así emprender obras civiles y disponer de fondos para políticas sociales.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la implementación de una mayor presión tributaria no elimina el que los gobiernos hagan concesiones de las obras de construcción a firmas privadas, sobre todo de las viales para que se cobren con los peajes.

La mayor capacidad de recaudación, no ha impedido tampoco que se privaticen servicios públicos, como el agua, la electricidad y la recogida de basura.

Pero he aquí que la población, la que solventa mediante sus tributos las políticas, el aparato y la burocracia estatal, lo que realmente anhelaría es que esa robustez del Estado se refleje también en una manera mucho más efectiva de fomentar el bien común y de imponer la dictadura de la Ley.

Un indicativo de que se está en ese camino, podría ser el compromiso que recién proclamó ante la nación el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, de que hará que los colegios mantengan durante cuatro años al menos la indicación de los libros de texto que se usan en cada grado escolar.

Pero he aquí, no es la primera vez que Educación toma esa iniciativa, es un lugar común en la historia reciente de la cartera. Recordemos la Orden Departamental No. 06, del año 2012 (Articulo 30), emitida por la ministra Josefina Pimentel, que establece la vigencia de los textos por un periodo de cuatro años.

Entonces, lo que amerita nuestra realidad es que el Ministerio de Educación haga valer su calidad como regulador de la enseñanza pública y privada, e impida así los perjuicios que para padres, madres y alumnos conllevan los privilegios presuntos en favor en favor de editores, libreros y dueños de colegios

Este país clama por un Estado Fuerte que termine para siempre con el libertinaje en el sector transporte, donde empresarios se apoderan de rutas y las explotan con un trato salvaje hacia los usuarios y demás conductores, pero encima hay que concederles bonos para combustibles y entregarles vehículos pagados con nuestros impuestos.

Un Estado fuerte no aceptará jamás que sobre la mitad de las nóminas de los cuerpos militares y policiales del país estén compuestas por sujetos que no realizan ninguna función táctica ni operativa en materia de Defensa o Seguridad Ciudadana, sino que están al servicio de particulares, pero armados y pagados con fondos públicos.

Necesitamos un Estado Fuerte, que con reciedumbre moral impida que los funcionarios se sientan dueños de las instituciones y haga imposible el nepotismo, que en estos tiempos se disfraza en el intercambio de puestos con otros titulares, para así acoger familiares de uno y el otro y a quienes les reservan las posiciones mejor pagadas.

Lo más perentorio es que el Estado dominicano adquiera la fortaleza suficiente para establecer un régimen de consecuencias en la función pública, de manera que cada incumbente tenga bien presente que, de serle demostrados actos de corrupción en su ejercicio, asumirá graves derivaciones sobre su persona, y eliminar por tanto el fantasma de la impunidad.

Johnny Arrendel @johhnyarrendel